martes 29 de septiembre de 2026

La costarricense Rebeca Grynspan encabezó por tercera vez una votación informal del Consejo de Seguridad de la ONU, con 10 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, en el proceso para suceder a António Guterres. La excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett quedó segunda con ocho respaldos, seguida por el argentino Rafael Grossi. Compiten además Macky Sall, Ivonne A-Baki, María Fernanda Espinosa y Olara Otunnu. Se requieren al menos nueve votos favorables sin veto de las cinco potencias permanentes para que el Consejo recomiende un nombre a la Asamblea General, que decidirá al sucesor a partir de enero de 2027.

Desde el martes 29 de setiembre, la aplicación Uber habilitó en Costa Rica la modalidad Uber Taxi, que permite solicitar taxis rojos tradicionales. El lanzamiento se dio con más de 300 taxistas ya registrados en la plataforma. Las tarifas se regirán por los montos definidos por la Aresep para el servicio tradicional, y los usuarios podrán conocer un estimado del costo antes de iniciar el viaje. Uber destacó que la aplicación cuenta con más de 40 funcionalidades de seguridad. La decisión se apoya en un estudio de CID Gallup según el cual nueve de cada diez costarricenses usarían un taxi rojo pedido por aplicación. Laura Santillán, gerente de Uber para Centroamérica y el Caribe, se refirió al lanzamiento.

El OIJ detuvo a dos mujeres, de apellidos Sánchez (43 años) y Romero (40), sospechosas de estafar a personas con cursos de manejo promocionados en redes sociales. Según la investigación, ofrecían promociones a quienes pagaran por anticipado entre ₡185.000 y ₡220.000, y luego daban excusas sobre instructores enfermos o vehículos accidentados hasta bloquear a los clientes. Se realizaron tres allanamientos en Heredia y en Paso Ancho, San José, donde se decomisaron celulares, tarjetas SIM y equipo de cómputo. El OIJ contabiliza 47 causas con un perjuicio superior a ₡9 millones, mientras la Defensoría del Consumidor registra 154 casos adicionales. La investigación inició en mayo.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica desmintió publicaciones que circulaban en línea sobre una supuesta revocatoria de visas a funcionarios costarricenses en ejercicio por parte del Departamento de Estado. La representación diplomática calificó esas publicaciones como rumores falsos y recordó que solo las cuentas oficiales del gobierno estadounidense representan su posición oficial. Además, pidió a la ciudadanía tomar con cautela declaraciones provenientes de fuentes no oficiales o no verificadas, señalando que ese tipo de información debe considerarse simple rumor.

El Plenario Legislativo, con votos del oficialismo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), aprobó una moción del diputado José Miguel Villalobos para devolver a la Comisión de Nombramientos la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Villalobos argumentó que la lista de 18 nombres está incompleta, pues corresponden 24, y que su fracción no votará hasta que la Corte Suprema envíe los nombres faltantes, previstos para la próxima semana. La oposición, incluido el Frente Amplio, cuestionó la decisión, calificándola de táctica dilatoria, y anunció una gestión por desacato ante la Sala Constitucional. Tras la votación, se rompió el quórum y se levantó la sesión.

Un camión de carga chocó contra un autobús de transporte escolar cerca de las 6:20 a.m. de este martes en Santa Rita de Coyolar, Orotina, cerca del local Jumbo Max. Un estudiante de 16 años quedó prensado y un hombre adulto que viajaba en el camión también resultó atrapado. La Cruz Roja desplegó cuatro ambulancias y una unidad de rescate. Ambos atrapados fueron liberados y trasladados al Hospital Monseñor Sanabria, uno en condición crítica y otro urgente. Horas después, paramédicos atendieron a 18 estudiantes en el centro educativo al que se dirigían; 15 fueron trasladados a la Clínica de Orotina para chequeo médico.

Autoridades decomisaron 550 kilogramos de cocaína ocultos dentro de un cilindro de hierro transportado en un contenedor en Peñas Blancas, frontera norte. La carga, según documentación aduanera, tenía como destino final Guatemala. El operativo, parte de la Operación Fuerza Élite, fue realizado por la Policía de Control de Drogas, la Policía de Fronteras y la Dirección de Inteligencia y Seguridad, con apoyo de la Unidad Especial de Apoyo. Un escáner detectó inconsistencias en la estructura del cilindro, lo que llevó a una revisión más profunda con equipo especializado hasta abrir un boquete y hallar la droga. No se reportan personas detenidas y el caso sigue bajo investigación.

Un avión militar C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos trasladó 45 toneladas de droga decomisada desde Costa Rica hacia territorio estadounidense, donde será destruida. El operativo fue coordinado por el Ministerio Público y el OIJ, con colaboración de la DEA. El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que limitaciones presupuestarias impidieron realizar la destrucción en el país y que la operación fue patrocinada por el Gobierno de Estados Unidos y su Embajada. Un juez costarricense acompañó el cargamento para formalizar la entrega y supervisar posteriormente la destrucción de la droga en territorio estadounidense.

La Policía de Control de Drogas realizó la madrugada del martes un operativo en los barrios El Capulín y Corazón de Jesús, en Liberia, Guanacaste, tras meses de investigación sobre estructuras dedicadas a la venta de drogas. El resultado fue la intervención de 13 puntos y la detención de 10 personas, entre ellas un menor de edad y una mujer que portaba un dispositivo de monitoreo electrónico y que ya había sido investigada por la PCD desde 2023. El viceministro de Seguridad Pública, Nelson Barquero, señaló que estas estructuras estarían vinculadas con balaceras, amenazas, robos y otros disturbios en la zona.

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifestó su respaldo al proyecto de ley 25.412, que busca excluir el gasto en educación pública, incluida la educación superior universitaria, de la aplicación de la regla fiscal. La iniciativa propone reformar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y fue presentada en la legislatura anterior por la exdiputada Rocío Alfaro. CONARE argumenta que la medida permitiría cumplir con el mandato constitucional de destinar al menos el 8% del PIB a educación. El Consejo también sugirió ajustes técnicos, como precisar la terminología y delimitar los recursos y programas incluidos en la exclusión.